El sistema requiere varios meses de implementación y el límite para ponerlo en marcha cerrará el 1º de junio para cientos de empresas.

El miércoles 1º de junio vencerá el plazo otorgado por la Dirección General Impositiva (DGI) para que unas 2.000 compañías, pertenecientes a un primer grupo, homologuen su condición de emisores de factura electrónica.

La DGI realizó una clasificación de las empresas de acuerdo a su facturación, estableciendo plazos de homologación el 1º de junio y el 1º de diciembre de cada año hasta 2019. La única excepción son las que facturan menos de $ 79.000, pero el resto debe adquirir el hardware y el software necesarios para implementar el sistema.

Memory, la mayor compañía dedicada al desarrollo de software administrativo en Uruguay, ofrece el software y los servicios adecuados para responder a la normativa vigente, cuyo costo real puede ser reducido un 50% aplicando las deducciones tributarias aprobadas por la DGI.

“Si bien es verdad que todavía falta para el vencimiento del plazo, hay que tener en cuenta que la puesta en marcha del sistema insume entre dos y tres meses. Muchas empresas no tienen claro que no cumplir con los plazos implica sanciones, multas, recargos y suspensión de certificados”, explicó Roni Lieberman, director de Memory.

En marzo, la cercanía de la fecha de vencimiento provocó un considerable aumento de las empresas interesadas en implementar el sistema. Memory recibió un 40% más de solicitudes que el mes anterior, por lo que incorporó personal, ofreció capacitaciones y desarrolló herramientas dirigidas a automatizar parte del proceso para agilizar los tiempos.

Los responsables de la DGI aspiran a que este año se incorporen 9.000 compañías, a las que se sumarán 15.000 en 2017, 27.000 en 2018, y el resto en 2019. “El cronograma implica un avance rápido, si tenemos en cuenta que en el año 2012, cuando se puso en marcha el sistema, había solo siete empresas con facturación electrónica”, señaló Lieberman.

El proceso de implementación implica que cada compañía debe contar con el software antes de presentarse ante la DGI. El siguiente paso es la solicitud de un certificado digital en las oficinas del Correo o ABITAB, que habilita el testeo del sistema mediante el ingreso de 300 comprobantes ficticios.

Para otorgar la homologación, la oficina recaudadora exige el ingreso posterior de 300 comprobantes reales, a lo que se suman otros 300 entregados por la propia DGI. Luego de la firma de una declaración jurada del titular de la compañía, confirmando que utilizará el sistema, la DGI autoriza a la empresa a ingresar al régimen, la instalación del mismo y la capacitación a los funcionarios que lo pondrán en marcha.

Una de cada cinco empresas que ya emiten sus facturas en forma electrónica, adoptó la solución de Memory, siendo el 93% de Montevideo y el 7% del interior. Lieberman estima que estos porcentajes se volverán más equitativos ante la incorporación de compañías con mayor volumen de facturación, por lo que Memory desarrollará un ciclo de actividades con Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) del interior del país para informar sobre el sistema.

Esto se suma a los habituales talleres y conferencias gratuitas que la compañía ofrece en forma permanente a los usuarios, a quienes también facilita un manual de uso en el que es posible encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes y buscar soluciones inmediatas (http://solucionesmemory.com).