El objetivo de la F. E es quitarle costos a las empresas

El 20 de agosto se cumplieron cuatro años de la emisión de la primera factura electrónica. El director nacional de Rentas, Joaquín Serra, y el director de la Unidad Informática de la DGI, Daniel Laffitte, evalúan la marcha del nuevo sistema y los planes para la universalización prevista para 2019.

 

¿Cumplidos cuatro años del arranque del sistema Factura Electrónica, cómo marcha el proceso de implementación?

Joaquín Serra: El objetivo de la implementación del sistema de Factura Electrónica fue favorecer el comercio electrónico, quitarle costos a las empresas para el manejo de su documentación interna y la que necesitan a los efectos del control fiscal, así como minimizar costos de almacenamiento de datos y de recuperación de la información.

También permitirá hacer más eficaces los controles, pero el objetivo principal es contribuir al desarrollo de nuevas formas de comercio digital.

El proyecto comenzó en 2011, impulsado por DGI, pero con el apoyo inmediato de un grupo de empresas que se ofrecieron para colaborar en un plan piloto. En ese primer grupo hubo grandes superficies, prestadores de servicios, Antel, Unilever, entre otras.

Daniel Laffitte: La idea fue conseguir un grupo de empresas representativas de la actividad comercial, dejando para otro momento situaciones más complejas de administrar, que pudieran retrasar la salida del sistema. Ese fue el criterio de la selección inicial.

¿Cómo evalúan el plan piloto?

DL: Cuando surge el proyecto había un régimen de documentación muy viejo que estaba conspirando contra un funcionamiento correcto; y eso hacía que DGI diera muchos regímenes especiales. Se hizo una primera evaluación vinculada a una solución por el lado de los controladores fiscales, estandarizada en otros países como Brasil y Chile. Cuando asume Pablo Ferreri como director general de Rentas, se decide implementar Factura Electrónica y Ticket Electrónico.

Se alinearon los astros, nos subimos todos al mismo carro y comenzamos a andar. Empezaron a surgir cosas que no teníamos y eran difíciles de implementar como la ley de firma electrónica, en lo cual Agesic nos ayudó bastante.

Luego empezamos con los intereses cruzados, pero se terminó consensuando una solución que servía tanto para las empresas como para la DGI.

JS: Y también lo que se dio en ese momento fue un régimen de beneficios fiscales para incentivar el desarrollo del sistema. Uruguay es el único caso en el mundo en que se dio esta situación.

¿Cuál es el rol de los proveedores tecnológicos en el nuevo esquema?

DL: Desde el día uno involucramos a las empresas de tecnología, a través de su gremial, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti). Los llamamos a participar; hicimos un fast track informativo para poder evacuar todas las dudas que surgían desde las empresas de software. Desde entonces hemos tenido distintas reuniones con las empresas del sector, no solo a nivel de aspectos operativos sino hasta imaginar juntos nuevas funcionalidades en función de la demanda.

¿Qué plazo se maneja para la universalización del sistema?

JS: Del proyecto inicial formaban parte las empresas que recién mencionamos; después la DGI dejó un régimen voluntario de incorporación con el incentivo fiscal, pero luego fue haciendo obligatoria la incorporación de algún tipo de contribuyente. Eso fue para algún tipo de giro, como free shop y grandes contribuyentes.

El año pasado nos propusimos generar un cronograma que diera una señal clara de cuál iba a ser el ritmo que íbamos a seguir para universalizar el sistema. Según el volumen de ventas de las empresas es que se irán incorporando, por franjas, hasta 2019.

Para los pequeños contribuyentes, unipersonales y pequeños comerciantes, está planteado hacer una solución gratuita que la proveería la DGI.

En el momento de pensar la universalización, lo que discutimos fue que íbamos a tener que poder dar respuesta mucho más rápido a todo el trámite de aprobación y homologación de los emisores. Como ya había un grupo de proveedores tecnológicos que habían acreditado buena calidad en sus servicios y buen nivel de prestaciones, generamos un sistema más rápido para aprobar nuevos emisores electrónicos cuando se postulan a través de un proveedor ya habilitado.

DL: Una de las oportunidades de mejora que surgieron en la primera etapa fue que las empresas que empezaron a subirse no sabían cuáles eran los proveedores disponibles. Entonces terminaron cayendo en dos o tres que eran los que hacían más publicidad. Pero había proveedores para empresas de todos los tamaños.

Un segundo escalón eran los proveedores habilitados, a los que DGI les pide que muestren su capacidad de brindar determinado nivel de servicios.

¿Hay beneficios para que las empresas adopten soluciones de software?

JS: Se renovó el sistema de beneficios y se incorporaron nuevas modalidades, ya no solo hay un beneficio fiscal para adquirir equipamiento sino que también se permite financiar parte del software, en caso de un contribuyente de menor escala.

DL: Estas soluciones que se homologaron ahora, que se llaman SaaS, en la primera etapa estaban afuera. En esta etapa se agrega que la contratación del servicio, por lo menos la implementación básica que requiere testing, compra de un certificado, poner a andar la solución, quedara contemplada.

¿Cuál es el volumen de empresas que ya están facturando electrónicamente?

DL: Al 1 de agosto de 2016 teníamos 1.044 empresas en fase de testing y 1.243 en certificación. Hoy tenemos 3.334 emisores autorizados operando.

¿Cuál sería el universo total previsto para el 2019?

DL: Estaremos arriba de las 100 mil empresas.

JS: Es muy importante el impacto que tienen estas 3.500 empresas, que representan casi el 50% de la documentación total. Esperamos a fin de año alcanzar casi el 60% de todos los documentos con las distintas empresas que se van a ir autorizando como emisores electrónicos.

¿Cómo evalúan el proceso de implementación en comparación con otros países?

DL: Es difícil compararse con otros países porque los regímenes son distintos. Por ejemplo, Brasil no tenía e-ticket hasta el año 2014. En Chile pasó algo parecido. Creo que en el mundo no hay dos modelos de factura electrónica iguales. Todos los países van adaptándolo de acuerdo a las características de cada país. Por eso no es fácil comparar. Brasil, por ejemplo, lo hizo de entrada prácticamente obligatorio para un gran número de contribuyentes lo cual generó mucho volumen inicial. Chile, al revés, lo hizo voluntario desde el día uno con lo cual tuvo un crecimiento muy paulatino y recién hace dos años obligó a que casi todas las empresas se subieran. México, en cambio, se basó en un esquema distinto, tercerizando todo el envío entre la administración y las empresas.

¿Estamos mostrando la experiencia uruguaya en otros países?

JS: Entre distintas administraciones tributarias hay sistemas de intercambio de información. Hemos presentado el caso en Paraguay, y Colombia nos pidió hace poco concurrir al país para ver cómo fue la experiencia. Sin duda ha sido una experiencia bastante rápida y exitosa.

DL: En el año 2008, el Centro Interamericano de Administradores Tributarios hizo un trabajo para armar un manual de buenas prácticas de factura electrónica. La idea era que cualquier administración que fuera a adoptar un sistema de facturación electrónica tuviera por lo menos las líneas básicas de las normativas a cumplir, lo que había que hacer para garantizar la autenticidad de los documentos, al igual que la calidad de los emisores y receptores. Se armó un gran check list con lo que era necesario hacer. Nosotros empezamos a trabajar  sobre eso y luego hicimos la evaluación de los líderes en este tema. Los líderes son claramente Brasil, Chile y México, los tres con sistemas bien distintos.

¿Qué beneficios cuantificables ha tenido para la DGI la implementación del sistema?

DL: En principio, toneladas de información, que estamos comenzando a procesar. Por otro lado el sistema habilita a que los controles sean mejores para no molestar a quien no merece ser molestado.

JS: Hay una cantidad de anexos que tienen que presentar las empresas sede en los cuales tenemos información de las ventas y las compras realizadas a otras empresas. En la medida en que podamos universalizar la factura electrónica ese tipo de anexo lo vamos a ir eliminando. No es que accedamos a información nueva sino que la vamos a tener de otra forma y antes. Eso implica mejorar los controles, porque se pueden detectar anticipadamente las inconsistencias.

También tiene una mejora para las empresas que van a evitar algunas declaraciones juradas. Por eso precisamos que se siga extendiendo el sistema.

¿Una vez que esté implementado totalmente el sistema, cuál va a ser el próximo paso?

JS: A pesar de ciertas particularidades, es claro que la disponibilidad de información de este tipo va a permitir seguir simplificando las declaraciones juradas y por consiguiente bajando los costos de cumplimiento de las empresas.

Cuál va a ser el modelo todavía no está definido, pero ya vamos pensando cómo podemos, inmediatamente que tengamos la información universalizada, empezar a simplificar más los procedimientos.

Hay unas 60 mil personas a las que todos los años, entre contribuyentes del IASS y el IRPF, les enviamos un borrador de la declaración jurada anual en el cual constan todos los ingresos, las retenciones y las deducciones, y les sugerimos que si están de acuerdo la aprueben. Ésta es una forma más sencilla de presentar su declaración anual, con la posibilidad, incluso, de agregar algún campo como deducciones de créditos hipotecarios o gastos de alquiler.

Este tipo de cosas son las que vamos a poder ir pensando en la medida en que tengamos más información.

¿Cuáles son los aspectos más importantes para la seguridad del sistema?

DL: La seguridad está en las dos puntas. Nosotros, como depositarios de información de terceros, desde el día uno tenemos un gran foco en la seguridad. En el futuro vamos a tener más foco todavía. Trabajamos con Agesic codo a codo y estamos permanentemente tratando de adoptar las mejores prácticas en materia de seguridad.

También vemos mucha inconsciencia por parte de las empresas respecto al tema de la seguridad, sobre todo a nivel tecnológico y con el uso de la firma digital. En las charlas que damos hacemos particular hincapié en que tienen que tener mucho cuidado con ese manejo.

¿A qué cosas hay que prestar atención en materia de seguridad?

DL: En primer lugar la guarda y la administración del certificado digital. Otros aspectos tienen que ver con la guarda de la documentación. La empresa tiene que garantizar que sus documentos están en un medio seguro y que existe respaldo. El hecho de que una empresa tercerice en un proveedor de servicios su información no le quita la responsabilidad de tener que tener la documentación. En ese tema insistimos mucho.

Cuando se homologan los proveedores de servicios habilitados justamente una de las cosas en que nos fijamos es que tengan buenas políticas de seguridad.

Estamos llegando a los cuatro años con 1.100 millones de documentos. No hay ningún otro proyecto en Uruguay que haya generado estos volúmenes de firma electrónica.

¿Qué costo tiene el certificado de firma electrónica y quien lo emite?

DL: El costo está asociado con la validez de cada certificado, y los emisores habilitados son Abitab y El Correo, que han sido homologados por la Unidad de Certificación Electrónica de Agesic. El costo de un certificado por un año está en el entorno de los $ 2.400, a lo que se agrega el Token que oscila entre US$ 30 y US$ 40.

¿Qué impacto ha tenido el sistema en empresas, como por ejemplo, las imprentas?

DL: Al principio generó mucho miedo pero lo cierto es que si hubo impacto es pequeño. El régimen fue muy paulatino lo que dio tiempo a las empresas a acomodarse. Todavía hay muchos casos en los que sigue habiendo emisión en papel, sobre todo en los casos en que el destinatario es el consumidor final.

JS: También se dio el caso de que grandes imprentas se reconvirtieron o adicionaron a sus líneas de negocios los servicios de Factura Electrónica.

Fuente: http://www.dnegocios.uy/articulo/1225/el-objetivo-de-factura-electronica-es-quitarle-costos-a-las-empresas

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