90% de las empresas con Factura Electrónica en 2019

El proyecto de Factura Electrónica se empieza a gestar en 2010, año en que Pablo Ferreri asume como titular en la Dirección General de Rentas (DGI) y fue uno de los proyectos insignia del quinquenio. El hoy subsecretario de Economía y Finanzas, nos cuenta los desafíos que afrontaron y las oportunidades que genera el nuevo sistema.

¿Cómo se gestó el proyecto de facturación electrónica que usted mismo ha calificado de revolucionario?

Asumo la titularidad de la DGI en marzo de 2010 y cuando hacemos la planificación de los proyectos que queríamos llevar adelante en el periodo, uno de los más importantes fue el de factura electrónica, enmarcado una de las líneas estratégicas que fue la intensificación de tecnología de punta tanto a lo interno de la organización como en la relación con los contribuyentes.

Un aspecto clave era mejorar la capacidad de documentación y registro de las transacciones económicas, ya que Uruguay venía atrasado en eso, porque en América Latina, en general de la facturación en papel se pasó a un esquema intermedio que eran las impresoras fiscales, máquinas que se adosaban a las cajas registradoras e iban guardando en papel toda la información. Al final del día, vía celular, se pasaban los datos a la Dirección General Impositiva. Como Uruguay nunca lo implementó teníamos dos alternativas: o sumarnos a la impresora fiscal o dar un salto mucho más ambicioso, que era saltearnos ese paso e ir directamente a la factura electrónica que solamente estaba empezando a desarrollarse en México, Chile y Brasil.

Nos jugamos ir directo a la factura electrónica, lo que fue muy bueno para la DGI porque sirvió para encaminar a toda la organización detrás de un proyecto, que también generó cosas muy buenas hacia adentro.

Otro aspecto clave fue que lo trabajamos desde un primer momento con el sector privado, que identificó que había capacidad de mejorar la eficiencia y reducir costos, entre otros beneficios. A nosotros también nos servía, por lo que logramos una sinergia positiva muy fuerte. Si lo hubiera querido hacer solo el sector privado no hubiera podido, y si nosotros lo hubiéramos querido impulsar de manera obligatoria tampoco hubiera sido posible. Así que al trabajar todos juntos funcionó muy bien, hicimos un plan piloto de 20 empresas, donde tuvieron un protagonismo muy fuerte las grandes cadenas de supermercados.

¿Cómo se evaluó el plan piloto?

Tienda Inglesa fue donde emitimos la primera factura electrónica, después siguieron algunas administradoras de crédito, Antel, y algunas otras empresas. Generamos un universo chico pero que cubriera la mayor cantidad de variantes de emisión de documentación.

Ese plan piloto funcionó bien, tuvimos mucho asesoramiento del exterior, fundamentalmente de Chile, pero también de Brasil y México. Hicimos una inversión de tecnología muy fuerte y dedicamos recursos humanos capacitados.

Definir la idea, armar el plan piloto y diseñar el sistema, nos llevó parte del 2010 y el 2011. Así que en 2012 las empresas comenzaron a facturar electrónicamente en el marco del plan piloto.

¿Cuál fue el siguiente paso?

Una vez que la primera etapa quedó operativa comenzamos a agregar empresas. La DGI tiene un cronograma, que propone que hacia 2019, de manera obligatoria, vayan entrando contingentes cada vez más grandes de empresas. El plan es obligar primero a las más grandes para luego exigirlo a las más pequeñas. Creemos que un 90% de las empresas uruguayas estará facturando por el nuevo sistema en 2019.

Eso significa un cambio radical, porque implica tener prácticamente toda la documentación del Uruguay en sistema digital; de los que venden pero también de los que compran, entonces eso va a ser un ahorro de costos gigantesco para las empresas.

Los cambios logísticos son muy fuertes y para la DGI, la disponibilidad de información en tiempo real cambia totalmente, así como también cambia la forma de generar las inspecciones.

¿Por qué?

En el pasado y en parte actualmente, hay que ir a buscar la documentación a la empresa para ver si tiene alguna inconsistencia. A partir de ahora todo eso es previo y se pueden realizar todos los cruces de información. Va a ser más eficiente porque cuando se llama a un contribuyente es porque se sabe que tiene un problema. La tasa de éxito en las inspecciones es mucho más alta pero además evita molestar a quienes no tienen problemas.

Realmente es un salto cualitativo y cuantitativo gigantesco y también implica un desafío de segunda generación. El primero es implementar el sistema, que funcione bien, conectar toda la información, pero después que se tienen millones de datos el desafío pasa por trabajarlos bien.

¿Qué se hace con esos datos?

Si esos datos no se trabajan bien son simplemente un montón de basura. El potencial está si son bien explotados. Entonces, la DGI en paralelo a la expansión del sistema, ha ido trabajando en herramientas de business intelligence, ha invertido mucho en su departamento de fiscalización para tener un software que permita hacer un análisis de la información mucho más potente.

Mientras se expande el sistema se va trabajando en eso y después todo converge. Realmente fue una ecuación ganar-ganar. Los comerciantes y los empresarios honestos que están cumpliendo con sus obligaciones vieron una oportunidad de reducción de costos, porque toda la logística se simplifica. Imaginemos los costos que implica alquilar habitaciones, depósitos para guardar toneladas de documentos. Para la DGI también era muy positivo. Veíamos que los únicos que perdían eran los que evadían impuestos y con esto se les complicaba bastante.

Es una iniciativa que a nivel organizacional fue un desafío muy importante; implicó un desafío tecnológico y organizacional porque había que estar preparado para todo lo que implicaba, que fue muy fuerte y que salió muy bien. A nivel personal es un orgullo y una satisfacción muy grande de ver que hoy eso camina como debía caminar y que uno fue un poco el “padre de la criatura”.

¿Cuál es su vínculo hoy con ese proceso?

Es más que nada institucional, porque el Ministerio es jerarca de la DGI. Además de lo institucional tengo muchos amigos y gente con la cual compartimos muchas cosas. Pero hoy no estoy en el día a día del proceso.

¿Cuáles fueron los puntos más desafiantes durante el proceso?

Las empresas que participaron en el plan piloto lo hicieron de manera voluntaria por lo cual no había resistencia al cambio, al contrario. Lo más complejo fue la generación de un sistema que fuera útil para todos los tipos de negocio. Los protocolos tecnológicos y conceptuales, que nos llevaron casi un año. Más allá de los problemas, fue una experiencia positiva en la que hubo que poner mucha energía.

¿Cómo está funcionando actualmente?

Actualmente, más del 40% de la documentación en Uruguay se emite electrónicamente. El sistema está funcionando dentro de lo que teníamos previsto, y en términos de volumen, ya van más de 1.000 millones de documentos emitidos.

Las primeras obligadas fueron las 250 empresas que, por su volumen, están en la categoría de grandes contribuyentes. Luego se fueron sumando otras por franjas de facturación. Ese tope va a seguir bajando año a año.

¿Hay algún costo adicional para las empresas?

Además del certificado de firma digital, que cuesta unos US$ 100, el único costo es el software que deben adquirir las empresas. Pero como contrapartida están los ahorros que se generan, que en general son, en el mediano plazo, bastante mayores que los costos que generan. Además la inversión inicial, durante un lapso determinado es considerada en un 70% como pago a cuenta de impuestos. En su momento hubo un esquema de estímulos fuerte para que las empresas se adhirieran al plan.

La DGI certifica que las ciertas empresas proveedoras de software ofrecen sistemas que cumplen con los parámetros necesarios para intercambiar la información eficientemente.

¿Ha influido este proceso en la caída de la evasión?

Creo que es algo que comienza a colaborar de manera importante. Al poder contar con tanta información se van a poder generar más controles. Yo diría que recién ahora está tomando una masa crítica fuerte como para poder ser una herramienta importante.

Empezó a facturarse en 2012 -2013, así que recién van tres años desde que se empezaron a sumar empresas al sistema, pero ahora ya hay una masa crítica que permite utilizar de manera potente la información. Y eso va a ir creciendo.

Desde hace unos años, Uruguay tiene la tasa de evasión del IVA más baja de América Latina, y está en el entorno del 13%. Con estos esquemas masivos se van cerrando un montón de puertas a la evasión.

¿En la era de la vulnerabilidad digital, cuáles son los niveles de seguridad del sistema?

Se trabajó mucho en lo que es el cifrado digital, la firma digital, el PIN, varios elementos de seguridad que generan un esquema bastante confiable. Por lo que tengo entendido, hasta ahora no se han generado problemas.

También hay pensados sistemas de contingencia en caso de que las empresas no puedan facturar electrónicamente. Al final del día o cuando se restablezca la posibilidad se ingresa toda la información digitalmente.

¿Cuál es el paso siguiente?

Hay que tener la cabeza abierta para innovar. Creo que el paso siguiente es completar la universalización del sistema. Una vez que se tiene toda la documentación de compra y de venta de una empresa, con pocos datos más, como el stock inicial para poder cerrar la ecuación de ventas, más el dato de salarios y cargas sociales, uno puede tener toda la información importante a los efectos fiscales. Por lo tanto, si tengo todas las compras y todas las ventas y pido esos otros tres datos, puedo liquidar los impuestos sin la necesidad de que las empresas lleven contabilidad.

Brasil, que en algunos ámbitos ya tiene universalizado el sistema, ha dejado en algunos casos de requerir la obligatoriedad de llevar la documentación contable. Por lo tanto aquí podemos pensar, a mediano plazo, en ese paso para continuar reduciendo costos y complicaciones a los contribuyentes.  La redefinición de la profesión contable creo que es una muy buena noticia y un gran desafío porque los contadores dejarían de ser meros tenedores de libros para enfocar la profesión a agregar verdadero valor a sus clientes.

Fuente: http://www.dnegocios.uy/articulo/1224/el-90-de-las-empresas-usara-factura-electronica-en-2019

El objetivo de la F. E es quitarle costos a las empresas

El 20 de agosto se cumplieron cuatro años de la emisión de la primera factura electrónica. El director nacional de Rentas, Joaquín Serra, y el director de la Unidad Informática de la DGI, Daniel Laffitte, evalúan la marcha del nuevo sistema y los planes para la universalización prevista para 2019.

 

¿Cumplidos cuatro años del arranque del sistema Factura Electrónica, cómo marcha el proceso de implementación?

Joaquín Serra: El objetivo de la implementación del sistema de Factura Electrónica fue favorecer el comercio electrónico, quitarle costos a las empresas para el manejo de su documentación interna y la que necesitan a los efectos del control fiscal, así como minimizar costos de almacenamiento de datos y de recuperación de la información.

También permitirá hacer más eficaces los controles, pero el objetivo principal es contribuir al desarrollo de nuevas formas de comercio digital.

El proyecto comenzó en 2011, impulsado por DGI, pero con el apoyo inmediato de un grupo de empresas que se ofrecieron para colaborar en un plan piloto. En ese primer grupo hubo grandes superficies, prestadores de servicios, Antel, Unilever, entre otras.

Daniel Laffitte: La idea fue conseguir un grupo de empresas representativas de la actividad comercial, dejando para otro momento situaciones más complejas de administrar, que pudieran retrasar la salida del sistema. Ese fue el criterio de la selección inicial.

¿Cómo evalúan el plan piloto?

DL: Cuando surge el proyecto había un régimen de documentación muy viejo que estaba conspirando contra un funcionamiento correcto; y eso hacía que DGI diera muchos regímenes especiales. Se hizo una primera evaluación vinculada a una solución por el lado de los controladores fiscales, estandarizada en otros países como Brasil y Chile. Cuando asume Pablo Ferreri como director general de Rentas, se decide implementar Factura Electrónica y Ticket Electrónico.

Se alinearon los astros, nos subimos todos al mismo carro y comenzamos a andar. Empezaron a surgir cosas que no teníamos y eran difíciles de implementar como la ley de firma electrónica, en lo cual Agesic nos ayudó bastante.

Luego empezamos con los intereses cruzados, pero se terminó consensuando una solución que servía tanto para las empresas como para la DGI.

JS: Y también lo que se dio en ese momento fue un régimen de beneficios fiscales para incentivar el desarrollo del sistema. Uruguay es el único caso en el mundo en que se dio esta situación.

¿Cuál es el rol de los proveedores tecnológicos en el nuevo esquema?

DL: Desde el día uno involucramos a las empresas de tecnología, a través de su gremial, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti). Los llamamos a participar; hicimos un fast track informativo para poder evacuar todas las dudas que surgían desde las empresas de software. Desde entonces hemos tenido distintas reuniones con las empresas del sector, no solo a nivel de aspectos operativos sino hasta imaginar juntos nuevas funcionalidades en función de la demanda.

¿Qué plazo se maneja para la universalización del sistema?

JS: Del proyecto inicial formaban parte las empresas que recién mencionamos; después la DGI dejó un régimen voluntario de incorporación con el incentivo fiscal, pero luego fue haciendo obligatoria la incorporación de algún tipo de contribuyente. Eso fue para algún tipo de giro, como free shop y grandes contribuyentes.

El año pasado nos propusimos generar un cronograma que diera una señal clara de cuál iba a ser el ritmo que íbamos a seguir para universalizar el sistema. Según el volumen de ventas de las empresas es que se irán incorporando, por franjas, hasta 2019.

Para los pequeños contribuyentes, unipersonales y pequeños comerciantes, está planteado hacer una solución gratuita que la proveería la DGI.

En el momento de pensar la universalización, lo que discutimos fue que íbamos a tener que poder dar respuesta mucho más rápido a todo el trámite de aprobación y homologación de los emisores. Como ya había un grupo de proveedores tecnológicos que habían acreditado buena calidad en sus servicios y buen nivel de prestaciones, generamos un sistema más rápido para aprobar nuevos emisores electrónicos cuando se postulan a través de un proveedor ya habilitado.

DL: Una de las oportunidades de mejora que surgieron en la primera etapa fue que las empresas que empezaron a subirse no sabían cuáles eran los proveedores disponibles. Entonces terminaron cayendo en dos o tres que eran los que hacían más publicidad. Pero había proveedores para empresas de todos los tamaños.

Un segundo escalón eran los proveedores habilitados, a los que DGI les pide que muestren su capacidad de brindar determinado nivel de servicios.

¿Hay beneficios para que las empresas adopten soluciones de software?

JS: Se renovó el sistema de beneficios y se incorporaron nuevas modalidades, ya no solo hay un beneficio fiscal para adquirir equipamiento sino que también se permite financiar parte del software, en caso de un contribuyente de menor escala.

DL: Estas soluciones que se homologaron ahora, que se llaman SaaS, en la primera etapa estaban afuera. En esta etapa se agrega que la contratación del servicio, por lo menos la implementación básica que requiere testing, compra de un certificado, poner a andar la solución, quedara contemplada.

¿Cuál es el volumen de empresas que ya están facturando electrónicamente?

DL: Al 1 de agosto de 2016 teníamos 1.044 empresas en fase de testing y 1.243 en certificación. Hoy tenemos 3.334 emisores autorizados operando.

¿Cuál sería el universo total previsto para el 2019?

DL: Estaremos arriba de las 100 mil empresas.

JS: Es muy importante el impacto que tienen estas 3.500 empresas, que representan casi el 50% de la documentación total. Esperamos a fin de año alcanzar casi el 60% de todos los documentos con las distintas empresas que se van a ir autorizando como emisores electrónicos.

¿Cómo evalúan el proceso de implementación en comparación con otros países?

DL: Es difícil compararse con otros países porque los regímenes son distintos. Por ejemplo, Brasil no tenía e-ticket hasta el año 2014. En Chile pasó algo parecido. Creo que en el mundo no hay dos modelos de factura electrónica iguales. Todos los países van adaptándolo de acuerdo a las características de cada país. Por eso no es fácil comparar. Brasil, por ejemplo, lo hizo de entrada prácticamente obligatorio para un gran número de contribuyentes lo cual generó mucho volumen inicial. Chile, al revés, lo hizo voluntario desde el día uno con lo cual tuvo un crecimiento muy paulatino y recién hace dos años obligó a que casi todas las empresas se subieran. México, en cambio, se basó en un esquema distinto, tercerizando todo el envío entre la administración y las empresas.

¿Estamos mostrando la experiencia uruguaya en otros países?

JS: Entre distintas administraciones tributarias hay sistemas de intercambio de información. Hemos presentado el caso en Paraguay, y Colombia nos pidió hace poco concurrir al país para ver cómo fue la experiencia. Sin duda ha sido una experiencia bastante rápida y exitosa.

DL: En el año 2008, el Centro Interamericano de Administradores Tributarios hizo un trabajo para armar un manual de buenas prácticas de factura electrónica. La idea era que cualquier administración que fuera a adoptar un sistema de facturación electrónica tuviera por lo menos las líneas básicas de las normativas a cumplir, lo que había que hacer para garantizar la autenticidad de los documentos, al igual que la calidad de los emisores y receptores. Se armó un gran check list con lo que era necesario hacer. Nosotros empezamos a trabajar  sobre eso y luego hicimos la evaluación de los líderes en este tema. Los líderes son claramente Brasil, Chile y México, los tres con sistemas bien distintos.

¿Qué beneficios cuantificables ha tenido para la DGI la implementación del sistema?

DL: En principio, toneladas de información, que estamos comenzando a procesar. Por otro lado el sistema habilita a que los controles sean mejores para no molestar a quien no merece ser molestado.

JS: Hay una cantidad de anexos que tienen que presentar las empresas sede en los cuales tenemos información de las ventas y las compras realizadas a otras empresas. En la medida en que podamos universalizar la factura electrónica ese tipo de anexo lo vamos a ir eliminando. No es que accedamos a información nueva sino que la vamos a tener de otra forma y antes. Eso implica mejorar los controles, porque se pueden detectar anticipadamente las inconsistencias.

También tiene una mejora para las empresas que van a evitar algunas declaraciones juradas. Por eso precisamos que se siga extendiendo el sistema.

¿Una vez que esté implementado totalmente el sistema, cuál va a ser el próximo paso?

JS: A pesar de ciertas particularidades, es claro que la disponibilidad de información de este tipo va a permitir seguir simplificando las declaraciones juradas y por consiguiente bajando los costos de cumplimiento de las empresas.

Cuál va a ser el modelo todavía no está definido, pero ya vamos pensando cómo podemos, inmediatamente que tengamos la información universalizada, empezar a simplificar más los procedimientos.

Hay unas 60 mil personas a las que todos los años, entre contribuyentes del IASS y el IRPF, les enviamos un borrador de la declaración jurada anual en el cual constan todos los ingresos, las retenciones y las deducciones, y les sugerimos que si están de acuerdo la aprueben. Ésta es una forma más sencilla de presentar su declaración anual, con la posibilidad, incluso, de agregar algún campo como deducciones de créditos hipotecarios o gastos de alquiler.

Este tipo de cosas son las que vamos a poder ir pensando en la medida en que tengamos más información.

¿Cuáles son los aspectos más importantes para la seguridad del sistema?

DL: La seguridad está en las dos puntas. Nosotros, como depositarios de información de terceros, desde el día uno tenemos un gran foco en la seguridad. En el futuro vamos a tener más foco todavía. Trabajamos con Agesic codo a codo y estamos permanentemente tratando de adoptar las mejores prácticas en materia de seguridad.

También vemos mucha inconsciencia por parte de las empresas respecto al tema de la seguridad, sobre todo a nivel tecnológico y con el uso de la firma digital. En las charlas que damos hacemos particular hincapié en que tienen que tener mucho cuidado con ese manejo.

¿A qué cosas hay que prestar atención en materia de seguridad?

DL: En primer lugar la guarda y la administración del certificado digital. Otros aspectos tienen que ver con la guarda de la documentación. La empresa tiene que garantizar que sus documentos están en un medio seguro y que existe respaldo. El hecho de que una empresa tercerice en un proveedor de servicios su información no le quita la responsabilidad de tener que tener la documentación. En ese tema insistimos mucho.

Cuando se homologan los proveedores de servicios habilitados justamente una de las cosas en que nos fijamos es que tengan buenas políticas de seguridad.

Estamos llegando a los cuatro años con 1.100 millones de documentos. No hay ningún otro proyecto en Uruguay que haya generado estos volúmenes de firma electrónica.

¿Qué costo tiene el certificado de firma electrónica y quien lo emite?

DL: El costo está asociado con la validez de cada certificado, y los emisores habilitados son Abitab y El Correo, que han sido homologados por la Unidad de Certificación Electrónica de Agesic. El costo de un certificado por un año está en el entorno de los $ 2.400, a lo que se agrega el Token que oscila entre US$ 30 y US$ 40.

¿Qué impacto ha tenido el sistema en empresas, como por ejemplo, las imprentas?

DL: Al principio generó mucho miedo pero lo cierto es que si hubo impacto es pequeño. El régimen fue muy paulatino lo que dio tiempo a las empresas a acomodarse. Todavía hay muchos casos en los que sigue habiendo emisión en papel, sobre todo en los casos en que el destinatario es el consumidor final.

JS: También se dio el caso de que grandes imprentas se reconvirtieron o adicionaron a sus líneas de negocios los servicios de Factura Electrónica.

Fuente: http://www.dnegocios.uy/articulo/1225/el-objetivo-de-factura-electronica-es-quitarle-costos-a-las-empresas